Esta es una de las principales conclusiones de la II Estancia sobre Responsabilidad Medioambiental y Valoración de Daños; organizada por el Grupo Tragsa y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que una treintena de juristas y expertos han analizado los aspectos fundamentales del nuevo marco legal derivado de la Ley de Responsabilidad Ambiental.
Magistrados y jueces
El encuentro ha tenido lugar en la sede del Centro Nacional de Educación Ambiental (Ceneam) de Valsaín (Segovia) y ha contado con la participación de magistrados y jueces; así como de expertos en derecho medioambiental, entre los que destaca la presencia del fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo, Antonio Vercher.
En su intervención, el fiscal ha valorado el criterio establecido en el nuevo marco legal de "quien contamina, paga", así como la obligación de las empresas que generen daños medioambientales derivados de su actividad o de una posible negligencia de devolver las zonas afectadas a su estado original.
Percepción de los delitos
En su opinión, los cambios en esta materia suponen "un cambio psicológico brutal a la hora de la percepción de los delitos medioambientales no solo para los juristas, sino para las empresas y los agentes relacionados con el medioambiente".
En este sentido, ha puesto como ejemplo una reciente resolución de la Junta de Extremadura relacionada con la protección de especies como el buitre negro y el buitre leonado, que determina los hipotéticos daños a estas aves en función de "su tamaño, su rareza y las principales amenazas".
Valoración de indemnizaciones
Además, la valoración económica de las posibles indemnizaciones se hace en función de la inversión realizada para su recuperación y los beneficios tangibles que genera, tales como el turismo ornitológico.El fiscal ha reconocido también la "extraordinaria complejidad" de la aplicación de esta ley, derivada de la transposición de una normativa europea que en Reino Unido o Francia no está siendo aplicada en su totalidad, lo que ha valido a estos países una advertencia de la Comisión Europea en este sentido.
En el caso de España, Vercher ha manifestado que estamos "en la línea" de la legislación medioambiental que se plantea en otros países, aunque ha reconocido que hay aspectos "en los que debemos mejorar sensiblemente, tales como en el maltrato a los animales o en la ordenación del territorio".
Asimismo, ha advertido del riesgo de que la aplicación de la ley pueda ser una "barrera infranqueable" para muchas empresas, que puedan llevar sus inversiones a otros países debido al estricto marco legal en materia medioambiental, y ha asegurado que es necesario articular sistemas que "armonicen la protección del entorno natural con el desarrollo sostenible de la economía y de los proyectos empresariales".
Desarrollo sostenible en las empresas
Por su parte, el presidente del Grupo Tragsa, Miguel Giménez de Córdoba, ha expresado el deseo de su grupo de "poner al servicio de los juristas y de los jueces la experiencia y el bagaje de conocimientos acumulados" durante su trabajo en el ámbito de la conservación y mantenimiento de carreteras.
Así mismo, ha precisado que encuentros como el de Valsaín "sirven no sólo para poner en común el trabajo jurisprudencial de los jueces y magistrados, sino para ofrecer vías de trabajo que puedan servir para un desarrollo sostenible de las empresas".EFEverde
Así mismo, ha precisado que encuentros como el de Valsaín "sirven no sólo para poner en común el trabajo jurisprudencial de los jueces y magistrados, sino para ofrecer vías de trabajo que puedan servir para un desarrollo sostenible de las empresas".EFEverde
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