Por Javier Guzmán, director de Veterinarios Sin Fronteras, para EFEverde.com.- La expropiación de Repsol YPF por el Gobierno de Argentina ha puesto encima de la mesa un debate que llevaba años tratándose entre líneas sobre dónde acaba el estado y donde empiezan las corporaciones transnacionales. Parece ser que la opinión predominante es la de que el Estado debe de estar al servicio de las empresas transnacionales y liderar la defensa de sus intereses corporativos.
Sin embargo, el Estado español parece estar exento de responsabilidad sobre las actuaciones de estas mismas trasnacionales cuando sus actividades acaban en violaciones derechos de las poblaciones de los países anfitriones. Existen muchísimos ejemplos por todos conocidos: explotación laboral expropiación de recursos, expulsión de poblaciones de sus territorios originarios, impactos ambientales que serían sancionados en la UE y un largo etcétera.
La globalización ha hecho más difusas las delimitaciones geográficas y la concepción de “sujetos de derecho” de los mecanismos clásicos de protección de derechos humanos ha quedado desfasada. Estos cambios han dado lugar a la existencia de consenso en los espacios de gobernanza internacional respecto a la obligación de los Estados de origen de regular la conducta de sus inversionistas privados en el extranjero.
En otras palabras, la atribución de la responsabilidad ya no recae solamente sobre el Estado dentro de cuya jurisdicción se producen los hechos, sino que se hace necesario considerar nuevas dinámicas y sujetos responsables de dichas violaciones, como son las empresas transnacionales.
Este es un tema que en Veterinarios Sin Fronteras venimos demandando desde hace tiempo y en especial a través de nuestra campaña “Paren, aquí vive gente”: es obligatorio y urgente que los estados europeos y entre ellos el español se comprometan con el principio de “Responsabilidad Extraterritorial de los Estados” acuñado desde Naciones Unidas, que dejen de mirar para otro lado y no se dediquen a ser fiel escudero de las transnacionales asumiendo su responsabilidad sobre las mismas, estableciendo regulaciones y mecanismos de control y sanción sobre las actividades de las empresas que actúan fuera de nuestro territorio.
La campaña denuncia los efectos del acaparamiento de tierras y de recursos pesqueros por parte de empresas europeas que resulta en una constante vulneración del derecho a la alimentación en África subsahariana. Llamando a la acción, pedimos a la población española que exija a nuestro gobierno que controle y, en caso necesario, sancione a las empresas que vulneren el derecho a la alimentación.
Sobre el autor:
Javier Guzmán es director de Veterinarios Sin Fronteras
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